"Hicimos un planteo al Gobierno argentino sobre la base del documento que se había acordado y que tuvo dificultades de última hora", afirmó Gargano.

El documento había sido acordado por el secretario de la Presidencia uruguaya, Gonzalo Fernández, y el jefe del gabinete del Gobierno argentino, Alberto Fernández.

Sin embargo, en el último momento la delegación argentina intentó algunas modificaciones, que las autoridades uruguayas no aceptaron lo que frustró el encuentro entre los presidentes argentino Néstor Kirchner y uruguayo Tabaré Vázquez, que se iba a celebrar el miércoles en una finca rural de la Presidencia uruguaya.

Vázquez, Gargano y Fernández se reunieron hoy para analizar la marcha del conflicto y los pasos futuros del Gobierno.

"Seguimos dialogando con las autoridades argentinas y estamos tratando de superar las diferencias", afirmó Gargano a la salida de la reunión con el presidente.

"Estamos trabajando, lo vamos a seguir haciendo todo el fin de semana y esperamos que el lunes haya avances y novedades", agregó.

El canciller dijo que Argentina quiere agregar algunas cosas al documento que Uruguay no considera convenientes, sin embargo no quiso dar detalles, "para evitar que la situación se agrave o sumar más dificultades al posible acuerdo", agregó.

Gargano, que preside el Partido Socialista al que pertenece el presidente Vázquez, destacó que Uruguay "hizo una concesión muy importante" a Argentina sobre el tema de la vigilancia conjunta que harán ambos países sobre las plantas de celulosa cuando se encuentren operativas.

La empresas Ence (española) y Botnia (finlandesa) construyen dos fábricas de celulosa en el departamento uruguayo de Río Negro, frente a la provincia argentina de Entre Ríos a orillas de Río Uruguay, límite natural entre ambos países.

Las autoridades argentinas y grupos de vecinos y ecologistas se oponen a la construcción con el argumento de que las fábricas contaminarán el medio ambiente de la región, algo que niegan las uruguayas.

Gargano calificó de "inadmisible" la posibilidad de que se retomen los cortes de puentes internacionales por parte de organizaciones de vecinos y ambientalistas argentinos, disconformes por la demora en el acuerdo entre los gobiernos.

Los cortes de puentes "violan el derecho internacional y el Tratado de Asunción del Mercosur", señaló Gargano, y, en caso de que se repitan, "el Gobierno argentino tendrá que aplicar los mecanismos que correspondan" para impedir que se obstruya el tránsito de personas y mercaderías.

Grupos de vecinos de Entre Ríos bloquearon durante 45 días el puente entre la ciudad de Gualeguaychú con la uruguaya Fray Bentos, y por un tiempo menor el que une a la argentina Colón con la uruguaya Paysandú.

Los cortes, según estimaciones oficiales, crearon pérdidas de entre 150 y 200 millones de dólares a Uruguay.